Un fallo que sacude el escenario judicial y político en Colombia
El pasado 20 de agosto de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá profirió una decisión trascendental al conceder una acción de tutela presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, dejando sin efectos la medida que lo mantenía privado de la libertad dentro del proceso por soborno en actuación penal y fraude procesal.
La corporación judicial consideró que la detención preventiva había sido decretada sin que existiera una revisión en segunda instancia, configurándose así una vulneración al derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.
El contexto jurídico del caso
Álvaro Uribe había sido condenado a 12 años de prisión, en un proceso que durante años ha sido objeto de controversias jurídicas y políticas. Sin embargo, la tutela analizó de manera estricta el trámite seguido y concluyó que se había desconocido la garantía de la doble conformidad, principio reconocido tanto por la Corte Constitucional como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La decisión no entra a revisar el fondo de las pruebas, sino la forma en la que se decretó su restricción de la libertad, por lo que constituye un precedente de gran alcance sobre el uso de la tutela como mecanismo de protección frente a actuaciones judiciales.